ACUERDA CONGRESO SUSPENDER ACTIVIDADES DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONGRESO Y DIFERIR LAS SESIONES DE ABRIL, ANTE LA EMERGENCIA POR EL COVID-17
Irene González
Culiacán, Sinaloa.- El Congreso del Estado en sesión extraordinaria acordó la suspensión de labores del personal técnico y administrativo en el Poder Legislativo derivado de la emergencia sanitaria por el Covid-19 y así como diferir todas las sesiones públicas ordinarias programadas durante el mes de abril.
La diputada Francisca Abelló Jordá en su calidad de secretaria de la Mesa Directiva, dio lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política en el que se establece las sesiones serán reprogramadas en las fechas que la Jucopo estime pertinente.
Así mismo se establece que se podrán acordar la adopción de herramientas y tecnologías de la información y las comunicaciones a efecto de posibilitar el cumplimiento de las funciones del Congresos y sus comisiones ya que los legisladores seguirán laborando.
“Se suspenden las labores del personal técnico y administrativo del Congreso del Estado con excepción de quienes tengan a su cargo la seguridad interior de la sede legislativa y aquellas áreas y servidores públicos que la secretaria general requiera para el ejercicio de funciones esenciales”.
El Acuerdo de la Junta de Coordinación Política también precisa que el área de Oficialía de Partes continuará con sus funciones bajo una modalidad no presencial por lo que los oficios, iniciativas y correspondencia se recibirán a través del correo institucional que se habilitará para tal efecto, esto hasta el 30 de abril.
La suspensión culminará el día 30 de abril de 2020, de acuerdo con la medida número 1 contenida en las Medidas de Seguridad Sanitaria emitidas el pasado 30 de marzo por el Consejo de Salubridad General, o en fecha posterior si así lo acuerda la Junta de Coordinación Política.
Finalmente la Junta de Coordinación Política se reunirá en las fechas que su Presidencia estime prudente a efecto de acordar la reanudación de actividades del Pleno y las Comisiones Permanentes, aplicando el protocolo, las medidas y acciones derivadas del Acuerdo por el que se estableció el Plan de Acción para el Desarrollo de las labores y medidas preventivas, en el Congreso del Estado con el objeto de salvaguardar la integridad de las personas de los efectos del COVID-19, que resulten pertinentes.
Por otro lado el Congreso del Estado de Sinaloa avaló la reforma que eleva a rango constitucional programas sociales como los apoyos económicos para personas con discapacidad permanente, para adultos mayores y becas para estudiantes.
Y se crea un Sistema de Salud para el Bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.
En sesión extraordinaria las y los diputados aprobaron la minuta que envió la Cámara de Senadores por el que se reforma y adiciona el artículo 4to. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Bienestar.
Esta minuta fue aprobada con 30 votos a favor y uno en contra en esta sesión extraordinaria. Durante la discusión, el diputado del PAN, Jorge Iván Villalobos Seáñez y la legisladora de Morena, María Victoria Sánchez Peña, hablaron a favor.
De acuerdo con el artículo 135 de esta Constitución, para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados.
Después de la apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, se abrió una sesión extraordinaria donde se sometió a discusión y votación la minuta que el Senado envió dirigida a la Presidenta de la Mesa Directiva, Gloria Himelda Félix.
Con esta reforma constitucional, el Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente. Para recibir esta prestación, tendrán prioridad las y los menores de dieciocho años.
Las y los indígenas, así como las y los afromexicanos hasta la edad de sesenta y cuatro años y las personas que se encuentren en condición de pobreza.
Las personas mayores de sesenta y ocho años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la Ley. En el caso de las y los indígenas y las y los afromexicanos esta prestación se otorgará a partir de los sesenta y cinco años de edad.
El Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública, con prioridad a las y los pertenecientes a las familias que se encuentren en condición de pobreza, para garantizar con equidad el derecho a la educación.